Una abogada del IPLA citó a un comprador en oficinas estatales para entregarle un documento que resultó ser falso
Citó a un comprador en una oficina estatal y le entregó un documento que no era lo que parecía. Los detalles de la investigación que podrían derivar en la Justicia Federal.
Una abogada de 50 años que trabajaba en el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) fue imputada por una presunta estafa relacionada con una sucesión y la venta irregular de una camioneta Volkswagen Amarok. Según la acusación, la profesional habría utilizado oficinas del organismo estatal para concretar parte de la maniobra denunciada.
La investigación está a cargo de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, bajo instrucciones del fiscal Fernando Blanno. La identidad de la acusada no fue difundida oficialmente por las autoridades judiciales.
¿Cómo habría operado la abogada?
De acuerdo con la imputación, la mujer habría aprovechado su condición de abogada para ofrecer asesoramiento jurídico a un heredero respecto del inicio de una sucesión y, posteriormente, sobre la transferencia y venta de una camioneta Amarok a un tercero.
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Según detalló la representante del MPF, la profesional aseguró tanto al beneficiario de la sucesión como al futuro comprador que se encargaría de tramitar el expediente sucesorio y realizar la transferencia del vehículo. Para ello, recibió el título automotor y una suma de $895.000 en concepto de honorarios y gastos vinculados con las gestiones legales, dinero que habría sido transferido a su cuenta bancaria.
¿Qué ocurrió con la transferencia?
La acusación sostiene además que, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a la operación, la imputada se comunicó telefónicamente con uno de los damnificados en diciembre de 2024 y le informó que la camioneta ya había sido transferida correctamente. Sin embargo, ante los posteriores reclamos de las personas afectadas, la mujer habría citado al comprador en una oficina del IPLA, ubicada sobre avenida Salta al 100 de la capital tucumana, donde le entregó un supuesto título automotor a su nombre.
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Con el avance de la investigación, ese documento fue sometido a verificaciones y, según la acusación fiscal, se determinó que era falso.
¿Qué pasará ahora con la acusada?
En esta etapa de la causa, y teniendo en cuenta que aún restan producir distintas pericias e informes bancarios y telefónicos, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, por lo que la acusada continuará el proceso judicial en libertad.
Al momento de resolver la situación procesal, la jueza interviniente dejó planteada una reserva de competencia debido a la naturaleza de los hechos investigados. La magistrada advirtió que, al tratarse de una presunta falsificación de documento público, como lo es un título automotor, el expediente podría pasar posteriormente a la órbita de la Justicia Federal.
La causa se suma al creciente número de investigaciones por estafas que actualmente tramitan en el Ministerio Público Fiscal, fenómeno que, según reconocen fuentes judiciales, viene registrando un marcado incremento en los últimos años.
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