Secuestrado y torturado en Lules: Casación obliga a revisar la reparación que le negaron

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Tribunal Oral Federal de Tucumán que rehaga el fallo sobre la reparación económica para un hombre que fue secuestrado y torturado en 2022. Los jueces consideraron que el derecho a la reparación no puede depender de que la víctima se haya constituido como actor civil, algo que el tribunal había exigido para rechazar el pedido.

La decisión fue tomada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Hicieron lugar parcialmente a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella, pero confirmaron el resto de la sentencia, incluidas las condenas a los cuatro responsables.

Condenas firmes, pero la reparación vuelve a foja cero

El 7 de octubre de 2025, el TOF de Tucumán había condenado a los acusados a penas de entre dos años y seis meses y cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada. Sin embargo, rechazó el pedido de reparación integral presentado por la Defensoría Pública. Ahora, Casación anuló esa parte y ordenó un nuevo pronunciamiento exclusivamente sobre el resarcimiento económico solicitado por la víctima y su pareja.

En su voto, Barroetaveña sostuvo que supeditar ese derecho a la constitución previa como actor civil es incompatible con los compromisos internacionales de Argentina en protección de víctimas. Hornos calificó la exigencia como "extremadamente formalista" y contraria a los estándares nacionales e internacionales.

¿Qué pasó aquel 10 de noviembre de 2022?

La investigación determinó que la víctima fue interceptada en la plaza de Mercedes, en Lules, por tres hombres que la obligaron a subir a un automóvil. La trasladaron a distintos domicilios donde permaneció cautiva, golpeada y sometida a torturas: le aplicaron quemaduras con una plancha y lesiones con una pinza.

El juicio también acreditó que una mujer policía colaboró con los captores. Mientras el hombre estaba secuestrado, los acusados se comunicaron con su pareja para exigirle dinero, alegando una supuesta deuda vinculada a criptoactivos. Finalmente, la víctima fue liberada sin que se pagara nada.

El planteo de la Fiscalía que cambió el rumbo

La fiscal general Indiana Garzón recurrió el rechazo de la reparación, argumentando que el Tribunal Oral había interpretado mal el artículo 29 del Código Penal. Ese artículo permite a los jueces ordenar la reparación del daño material y moral dentro del proceso penal sin exigir que las víctimas se constituyan previamente como actores civiles.

El fiscal general Javier De Luca respaldó el planteo ante Casación, señalando que ese derecho puede reconocerse dentro del proceso penal cuando corresponda. La Cámara hizo lugar y ordenó al TOF de Tucumán emitir un nuevo fallo sobre la reparación integral, aunque dejó firmes la calificación legal, las condenas y el rechazo de los recursos de las defensas.