¿Se viene un cambio en la mediación? Cuatro proyectos buscan reformar la ley en Tucumán

Un proyecto del bloque Justicialista propone reducir los honorarios de los mediadores y habilitar la mediación digital. Se suma a otras tres iniciativas de la oposición que ya están en la comisión de Legislación General.

En la última semana, el legislador Alberto Olea, junto a otros cuatro pares del justicialismo, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 7.844, que establece la mediación prejudicial obligatoria en Tucumán. El texto fue girado a la comisión de Legislación General, que preside Gerónimo Vargas Aignasse.

El dirigente peronista aclaró que “es fundamental escuchar a todos los operadores del sistema” antes de avanzar con eventuales cambios. Y si bien ponderó el impacto positivo de las salidas alternativas en el servicio de justicia, abrió la puerta a la discusión. “Toda política pública es perfectible”, apuntó.

El cambio "más sustancial" de los "compañeros"

La iniciativa rubricada por Olea, Patricia Lizárraga, Christian Rodríguez, Gabriel Yedlin y Hugo Ledesma sostiene en sus fundamentos que los ajustes incorporados no alteran “el espíritu” de la Ley de Mediación, sino que “modernizan sus herramientas procesales y reduce sus costos económicos para poner la justicia al alcance de todos los tucumanos”.

“El cambio más sustancial e importante radica en la readecuación y reducción de la escala de honorarios de mediación. Se establece un sistema de cálculo más previsible, transparente y accesible para el ciudadano común”, reza el proyecto. A la vez, indica que “disminuir los costos económicos del proceso prejudicial remueve barreras financieras históricas, garantizando de forma efectiva el principio constitucional de acceso a la justicia y protegiendo especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Por otro lado, refiere a la posibilidad de “litigar/mediar sin gastos” o “beneficio de gratuidad por cuestiones de consumo”. “La nueva escala que proponemos reduce gastos significativos al Estado, en virtud de que se reducen los honorarios de los mediadores brindando un servicio de tucumanos para los tucumanos más vulnerables”, argumentaron los legisladores.

Otra de las novedades en la propuesta es que “se institucionaliza la mediación digital (remota o mixta) y se valida el uso de notificaciones electrónicas e idóneas (como casilleros digitales o aplicaciones de mensajería)”. “Esto reduce los tiempos de tramitación de días a segundos y elimina gastos de traslado, copias e impresión, impactando positivamente tanto en la economía de los litigantes como en el presupuesto del Poder Judicial”, indicaron Olea y sus pares.

Otras alternativas, con sello opositor

La oposición también elevó alternativas a la Ley de Mediación. El 20 de mayo, José “Pepe” Seleme (Avanza Tucumán) planteó una revisión uno por uno de los artículos de la norma de 2006. “En el esquema actual, la mediación prejudicial obligatoria funciona, en los hechos, como una instancia previa impuesta por el Estado cuyo costo es soportado inicialmente por los particulares. Esta situación obliga al ciudadano a afrontar gastos económicos relevantes antes de poder ejercer su derecho a accionar judicialmente, configurando una barrera de acceso incompatible con una tutela judicial efectiva”, indicó.

Seleme sostuvo que su iniciativa “corrige dicha distorsión mediante la implementación de un sistema de financiamiento inicial y recupero posterior, asegurando que la mediación no opere como un obstáculo económico de acceso a la jurisdicción”. “En la práctica, esta situación se verifica con particular intensidad en reclamos de menor cuantía, donde el costo del proceso -incluyendo mediación y etapa judicial- puede resultar equivalente o incluso superior al monto reclamado, desalentando el ejercicio de derechos y generando una restricción indirecta al acceso a la justicia”, enfatizó el dirigente opositor.

La legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) también confeccionó una alternativa que contempla las herramientas digitales, a la vez que revisa el régimen de honorarios. “Se mantiene el esquema vigente basado en valores de referencia profesional, incorporando mecanismos de actualización vinculados a índices oficiales, lo que permite compatibilizar continuidad normativa con adecuación a la realidad económica”, sostuvo en los fundamentos del proyecto, que fue ingresado en abril pasado.

Walter Berarducci, en tanto, centró su propuesta en el sistema de notificaciones vigente. “A no contemplar expresamente el uso de tecnologías digitales, genera dilaciones anacrónicas que atentan contra la celeridad del sistema de mediación prejudicial obligatoria”, aseveró Berarducci en la iniciativa presentada el 5 de enero de este año.

Diálogo con colegios: reunión reciente y un proyecto de 2022

En abril pasado, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió junto al legislador Gerónimo Vargas Aignasse a representantes del Colegio de Abogados del Sur, encabezados por Diego Vals, quienes transmitieron su interés en participar de los distintos debates con miras a las reformas a realizar sobre distintas leyes que regulan el servicio de justicia, entre ellas, la Ley de Mediación. El Colegio de Abogados de Tucumán, en tanto, había elevado un anteproyecto de ley en la anterior composición legislativa, a finales de 2022, que fue formalizado -con algunos cambios- al año siguiente por la entonces legisladora Nadima Pecci. La propuesta sin embargo pasó al archivo de la Legislatura por falta de tratamiento.