Santa Cruz: el conflicto policial se parte en dos mientras el Gobierno insiste en que pierde fuerza

El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz se encamina a una resolución fragmentada: mientras en el norte provincial los efectivos levantaron las medidas de fuerza, en el sur continúan los acampes y las protestas. El Gobierno asegura que la adhesión al reclamo se desinfla, pero los manifestantes no ceden.

El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que fijó un piso salarial de $1.700.000 para los agentes ingresantes, pero los policías exigen que el inicial sea de $2.200.000. En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayoría de los efectivos ya retomaron sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de apoyo de los primeros días. Incluso, desde el oficialismo apuntan a que las manifestaciones que persisten responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.

¿Dónde se normalizó y dónde sigue el conflicto?

En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas. Sin embargo, en el sur provincial la historia es otra: en Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.

“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.

El factor económico que complica las cuentas

En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.

Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.

“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.