¿Real o falso? Cómo la IA puede destruir cualquier prueba penal y hacer tambalear la Justicia

La inteligencia artificial ya no es solo una promesa tecnológica: se convirtió en un problema concreto para los tribunales argentinos. Clonar la voz de una persona, fabricar un video o generar una foto falsa es hoy tan sencillo que cualquier prueba digital puede ser puesta en duda. Y eso, para el sistema penal, es una bomba de tiempo.

El abogado penalista Andrés García Vautrin, especializado en delitos financieros y fraudes tecnológicos, analizó el fenómeno en una columna que anticipa un escenario complejo: ¿cómo saber si un audio o un video es real cuando la tecnología permite crearlos con un realismo casi perfecto?

La coartada perfecta ya existe

Imaginemos un caso simple: un audio de WhatsApp donde se escucha a un imputado coordinando un delito. Su voz, sus modismos, sus pausas. Para cualquier juez o fiscal, esa grabación sería una prueba sólida. Pero un peritaje informático puede revelar que se trata de una voz sintética, entrenada con viejas notas de audio públicas de esa persona. No hubo conversación, pero el material para fabricarla existía.

Ese es solo el principio. García Vautrin advierte que la accesibilidad de estas herramientas permite crear pruebas que engañan a cualquier ojo o oído humano. Ya no son montajes burdos: son piezas que, sin un análisis técnico profundo, ingresan al debate judicial con toda la fuerza de lo que parece auténtico.

El dividendo del mentiroso

Pero hay una segunda cara, más sutil y quizá más peligrosa. Es lo que los anglosajones llaman el liar's dividend (el dividendo del mentiroso). La idea es simple: frente a una prueba digital legítima —como una intervención telefónica ordenada por un juez—, la primera línea de defensa será sembrar la duda sobre su autenticidad, alegando que es un producto sintético.

Y lo más preocupante es que muchas veces ese planteo será de buena fe. Porque ni siquiera el defensor podrá afirmar con certeza qué es real y qué no. La mera existencia de la tecnología erosiona el valor probatorio de toda prueba digital, incluso la verdadera.

¿Está preparada la Justicia argentina?

El sistema penal argentino descansa sobre la libertad probatoria y la sana crítica racional, herramientas pensadas para una época en la que manipular un audio o una imagen era casi imposible. Ese presupuesto se cayó. Ya no alcanza con exhibir un registro en la audiencia: será necesario someter la evidencia digital a análisis de metadatos, cadena de custodia y espectrogramas, con peritajes complejos y costosos.

Y ahí aparece otro problema: el acceso a la justicia. En un servicio de justicia con recursos limitados, esos peritajes pueden ser prohibitivos. Si el derecho penal argentino no se adapta rápido, el escenario es doblemente preocupante.

Por un lado, el inocente queda expuesto a la fabricación de pruebas contra las que no tiene cómo defenderse. Por el otro, el culpable encontrará en la duda tecnológica una versión distorsionada del in dubio pro reo, un salvoconducto para diluir en la sospecha genérica lo que antes era una prueba concreta.

La verdad que el proceso penal busca reconstruir es siempre una aproximación, nunca una certeza absoluta. Pero lo nuevo es que hoy existen tecnologías capaces de fabricar, a bajo costo, versiones perfectas de una realidad que nunca ocurrió. Adaptar las reglas de prueba es una condición para que los tribunales sigan pudiendo decir algo sensato sobre lo que pasó.