El secreto a voces que estalló en la vía pública: el diputado Cisneros formalizó su control sobre Radio Mitre Tucumán

Lo que muchos susurraban en los pasillos del poder tucumano ya no es un rumor. El diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, ex empleado bancario con licencia gremial, blanqueó su imperio mediático al tomar el control operativo de Radio Mitre Tucumán (FM 99.5). La confirmación llegó este fin de semana con afiches gigantes en la Capital que integran la repetidora local al "Grupo Enterate", su holding, mientras enfrenta denuncias federales por enriquecimiento ilícito y trata de personas.

¿Quién es el dueño del Grupo Enterate?

Cisneros formalizó su estatus de magnate al sellar una alianza institucional con el Grupo Clarín (Artear). La cartelería en San Miguel de Tucumán anuncia que Eduardo Feinmann, Lorena Maciel y Claudio Savoia serán las voces del nuevo proyecto. Esto ocurre en paralelo a una situación judicial crítica: el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió su desafuero y detención por presunta trata, asociación ilícita y lavado de activos.

El imperio de Cisneros ya incluye el control de facto sobre La Gaceta, CCC, Contexto y Tendencia de Noticias. Pero lo más llamativo es su patrimonio: en cinco años (2019-2024) pasó de $2,2 millones a $465,7 millones, un aumento de siete veces y media en términos reales. A pesar de que él insiste en que "no es dueño de nada", se le atribuyen 22 inmuebles valuados entre 4,8 y 6,5 millones de dólares.

La red de periodistas que amplifican su relato

El desembarco en Radio Mitre no es casual. Cisneros tejió una red con figuras como Feinmann, quien le dio micrófono privilegiado. En marzo de 2026, el diputado usó ese espacio para defenderse de la denuncia por trata derivada del caso Vélez —donde la Justicia sobreseyó a los futbolistas—, calificándola de "invento". Claudio Savoia replicó esas versiones en medios nacionales.

Esta alianza se disfrazó de "buenas intenciones" a fines de 2025, cuando Cisneros, Sergio Palazzo y el abogado Gabriel Iezzi —columnista de Feinmann— presentaron el proyecto "El Deber de Buscar". Detrás de esa fachada, había una red de negocios bajo la lupa judicial.

El rol de Gabriel Iezzi y la Caja Popular

El estudio de Iezzi fue contratado para defender a la Caja Popular de Ahorros (CPA) en el juicio del futbolista Adrián Arregui. Según las actuales autoridades, su actuación fue una "negligencia técnica": no contestó la demanda, no planteó incompetencia de jurisdicción y justificó todo como un "error involuntario". Esto permitió que un reclamo por un seguro que "NUNCA" existió —según Oscar Mirkin, presidente de San Martín— avanzara hacia una condena de hasta $1.400 millones.

Mientras tanto, la abogada de confianza de Cisneros, Patricia Neme, blindaba el proceso con dictámenes que minimizaban el daño. Informes internos de marzo de 2026 recomendaban autoembargarse voluntariamente antes que denunciar la maniobra.

El doble agente: Rubén Moisello

Moisello era simultáneamente Coordinador General del Casino (puesto clave en la CPA designado por Cisneros) y presidente del Club San Martín. Bajo su gestión, el club impulsaba demandas de jugadores contra la propia Caja. Un caso testigo: Santiago Basualdo, a quien la CPA le pagó $11,2 millones en mayo de 2025 por una lesión, sin que el jugador estuviera asegurado en esa ART.

Patrimonio meteórico: de empleado a multimillonario

Entre los hallazgos más escandalosos están la casona de Tafí del Valle, comprada en febrero de 2021 por $12 millones apenas 57 días después de que Cisneros jurara tener solo $4,3 millones de liquidez; y seis unidades en Terrazas Park (Yerba Buena) compradas al hijo de crianza de Roberto Sagra, el zar del juego privado. Sus hijas manejan el complejo turístico La Madrina (valuado en hasta USD 5 millones), y su ahijado Juan Federico Petraglia acumula ocho inmuebles antes de los 25 años.

Confesiones que lo acorralan

En marzo de 2026, con las cámaras supuestamente apagadas, se le escuchó decir: "Soy el dueño". También admitió: "Tengo una participación importante en Entérate". Sobre la quema de ejemplares de La Gaceta en el año 2000, no negó los hechos, los justificó como "lucha sindical". Hoy, el diario centenario encubre el valijazo de más de $21 mil millones que sacude a la gestión cisnerista de la Caja Popular.

Mientras enfrenta pedidos de detención y desafuero, desde sus micrófonos intenta diseñar el mapa electoral de 2027, buscando impedir la reelección de Osvaldo Jaldo e impulsar a Lisandro Catalán como líder de la oposición.