El plan del Gobierno para meter cambios en Discapacidad y Universidades dentro del Presupuesto 2027
El Gobierno quiere evitar otra derrota legislativa y mete cambios en leyes clave dentro del Presupuesto 2027. ¿Logrará los consensos que antes no tuvo?
El plan del Gobierno para meter cambios en Discapacidad y Universidades dentro del Presupuesto 2027
El Ejecutivo busca evitar otra derrota legislativa y negocia incluir modificaciones a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario en el proyecto de Presupuesto 2027, que debe enviarse al Congreso antes del 15 de septiembre. La estrategia apunta a reducir el impacto fiscal de ambas normas, pero depende de acuerdos políticos aún en construcción.
¿Qué pasó en diciembre de 2025?
En aquella oportunidad, el oficialismo intentó derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario dentro del Presupuesto 2026. Aunque Diputados aprobó la ley de leyes en general, rechazó ese capítulo específico. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, reconocen en Nación, donde admiten que la derrota combinó impericia, exceso de confianza y falta de trabajo con gobernadores.
Universitarios: el frente judicializado
La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario: la actualización salarial de docentes y no docentes, y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no es definitivo, pero mantiene vigente la orden. “No es el costo total de la ley, es un costo parcial”, aclaran en el Ejecutivo, aunque el expediente sigue abierto y puede condicionar la estrategia de 2027.
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La Casa Rosada ya había intentado descomprimir con un acuerdo parcial: recomposición salarial del 24,33%, suba del 20% para gastos de funcionamiento, refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y mejora en becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial.
Discapacidad: auditorías y controles
En el área de Discapacidad, el oficialismo impulsa modificaciones a la Ley de Emergencia, con foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. La intención es acotar el costo fiscal y reforzar controles.
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La negociación con gobernadores
En Balcarce 50 buscan llegar a septiembre con acuerdos políticos más firmes, especialmente con mandatarios provinciales que puedan acompañar la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas. La suspensión o eliminación de las PASO es una prioridad. La idea es que los gobernadores alineados con Milei tengan menos incentivos para votar en contra.
Números que respaldan la estrategia
El informe de avance del Presupuesto 2027 mantiene el compromiso con el superávit fiscal. A mayo de 2026, el Ejecutivo registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. Las transferencias a universidades alcanzaron $1,95 billones (37,3% del crédito vigente), mientras que las prestaciones de seguridad social (incluidas pensiones por discapacidad) fueron el principal factor de aumento del gasto primario.
En la Casa Rosada creen que estos números refuerzan la necesidad de ordenar cualquier modificación de gasto dentro del Presupuesto. Si el Congreso obliga a aplicar leyes con impacto fiscal sin fuentes de financiamiento, el oficialismo deberá compensar con recortes en otras partidas.
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