El plan de Bussi para que Tucumán se quede con el Complejo Avellaneda tras el cierre judicial

El diputado Ricardo Bussi presentó un proyecto para que la Provincia negocie con Nación la cesión definitiva del predio clausurado. El objetivo es evitar que cientos de deportistas se queden sin su lugar de entrenamiento.

El legislador de Fuerza Republicana presentó una iniciativa que busca que el Poder Ejecutivo tucumano solicite a la Nación la cesión definitiva del Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda, ubicado en Suipacha al 100. La idea es incorporarlo al patrimonio provincial, recuperar sus instalaciones y garantizar su uso deportivo público.

El espacio fue clausurado a principios de este mes por orden judicial, lo que suspendió todas las actividades deportivas, artísticas y recreativas. Cadenas, cintas perimetrales y carteles con la inscripción “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar” marcaron el cierre de un lugar donde concurrían a diario niños, jóvenes y adultos para practicar artes marciales, calistenia, fútbol, vóley, danza aérea y otras disciplinas.

¿Qué originó el conflicto?

El conflicto se conoció tras la orden de desalojo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario de Deportes de Tucumán, Diego Erroz, aclaró que el Gobierno provincial no tiene participación en la disputa.

El proyecto de Bussi insta al Ejecutivo a iniciar negociaciones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Ferrocarril General Belgrano para obtener la cesión, transferencia o entrega en usufructo gratuito del terreno. Una vez regularizada la situación dominial, la iniciativa propone incorporar el complejo a la órbita de la Secretaría de Deportes.

“Cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas, el Estado no puede permanecer como espectador. Tiene la obligación de intervenir para proteger un bien que cumple una función social insustituible”, sostuvo el parlamentario.

El laberinto legal del predio

La situación jurídica del predio está relacionada con las sucesivas reorganizaciones del sistema ferroviario nacional. Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos administraba las operaciones y los bienes del sector. Tras las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras sin uso ferroviario permanecieron bajo control estatal.

En 1996 se creó el Enabief, responsable de conservar, transferir o vender esos inmuebles. Cuatro años después, sus funciones fueron absorbidas por el Onabe. El esquema volvió a modificarse en 2008 con la creación de Adifse y Sofse. En 2012 surgió la AABE, que reemplazó al Onabe. En 2015 se constituyó Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Posteriormente, el DNU 70/2023 y la Ley Bases de 2024 impulsaron otra reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y de Sofse. El año pasado se autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas.

Ese recorrido administrativo explica que el inmueble continúe bajo jurisdicción nacional y forme parte de los activos ferroviarios administrados por Belgrano Cargas.

En los fundamentos de su propuesta, Bussi cuestionó el sistema de intermediación privada y advirtió que el conflicto perjudicó directamente a los profesores y a los cientos de alumnos que perdieron su lugar de entrenamiento. “El deporte no puede depender de la estabilidad de un contrato comercial. Debe ser una política pública permanente”, afirmó.

Según el legislador, provincializar el complejo permitiría otorgarle seguridad jurídica, proteger a los docentes, asegurar la continuidad de las prácticas y preservar un patrimonio deportivo de los tucumanos. “No podemos permitir que un lugar que durante décadas promovió el deporte, la integración y la contención social termine desapareciendo por un conflicto administrativo”, concluyó.