El nuevo plan de Caputo para que los dólares del colchón salgan a la luz: los cambios que prepara

El Gobierno nacional presentó una reforma al régimen de inocencia fiscal que promete sacudir el sistema. El objetivo es claro: que los dólares no declarados ingresen al circuito formal. La iniciativa, que ya fue girada al Congreso, busca corregir los puntos débiles de la ley original aprobada en diciembre de 2025, que tuvo una adhesión menor a la esperada y generó inquietudes entre contadores y especialistas.

El nuevo esquema es fruto de semanas de reuniones entre el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y expertos tributarios. La idea es ampliar el universo de contribuyentes que pueden sumarse y brindar mayores certezas legales a quienes decidan sincerar sus activos. Estos son los cuatro cambios clave que propone el proyecto.

¿Quiénes podrán adherirse sin límites?

En la versión actual, solo podían ingresar al régimen quienes cumplieran tres condiciones simultáneas: ingresos anuales menores a $1.000 millones, patrimonio total inferior a $10.000 millones y no ser considerados grandes contribuyentes por ARCA. Con la reforma, esas barreras desaparecen. El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin distinción de patrimonio ni ingresos. Eso sí, los Grandes Contribuyentes podrán adherir a la “modalidad simplificada” —que permite que el fisco les preliquide el impuesto—, pero no accederán a las presunciones ni a otros beneficios de la ley.

¿Qué pasa si ARCA encuentra una diferencia?

Uno de los puntos más sensibles es la llamada “discrepancia significativa”. Hoy, si una impugnación de ARCA implica un incremento del 15% o más sobre lo declarado, la presunción de exactitud del contribuyente cae automáticamente. El proyecto introduce un piso protector: aunque se supere ese 15%, la presunción se mantiene si la diferencia reclamada no supera los $5 millones. Así se evitan consecuencias desproporcionadas por diferencias nominales mínimas.

¿Se puede rectificar sin perder los beneficios?

Con la ley vigente, detectar una discrepancia significativa implica perder los beneficios del régimen, salvo en casos de facturas apócrifas. La reforma cambia esa lógica. Si ARCA detecta una discrepancia, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia más intereses dentro de los 15 días hábiles de notificado. Si cumple con ese plazo, no pierde los beneficios del régimen. Una herramienta que busca fomentar la regularización sin temor a sanciones automáticas.

¿Y si la Justicia da la razón al contribuyente?

El cuarto cambio es un mecanismo de reintegro acelerado. Si el contribuyente rectifica y paga el ajuste para no perder los beneficios, pero luego la Justicia revoca la impugnación de ARCA, se le restablece por completo la presunción de exactitud. Además, el organismo deberá reintegrar los montos pagados, con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme. Una garantía que apunta a dar confianza.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, los cuatro cambios apuntan a lo mismo: robustecer la seguridad jurídica y dar la confianza suficiente para que los contribuyentes se animen a formalizar el dinero que hoy tienen fuera del sistema. La pelota está ahora en el Congreso.