El negocio del azúcar que terminó en la Justicia Federal: más de $740 millones en juego

La investigación por una estafa millonaria con azúcar dio un vuelco inesperado: la Justicia de Tucumán declaró su incompetencia y envió el caso al fuero federal. Detrás de la maniobra, que involucra a más de $740 millones, se esconderían delitos mucho más graves que una simple estafa.

El fiscal Diego López Ávila, tras seis meses de pesquisa, concluyó que el esquema denunciado excedía lo provincial. El juez Guido Cattaneo aceptó el planteo y remitió el expediente a la Justicia Federal, al considerar que los hechos podrían configurar intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria.

¿Cómo operaba el supuesto esquema?

Según la resolución judicial, Diego Ovejero habría montado un sistema de captación de fondos de terceros mediante promesas de rentabilidad fija, entregando pagarés, cheques y reconocimientos de deuda. Para canalizar el dinero, habría utilizado tres sociedades: Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias.

“Se advierte que en los hechos investigados se habría desplegado un esquema sistemático y habitual de captación de fondos de terceros”, fundamentó Cattaneo. El magistrado remarcó que esta operatoria afecta “la exclusividad estatal en la captación del ahorro público y el orden económico y financiero a nivel nacional”.

Indicios de lavado y evasión

El juez también señaló que el manejo de grandes sumas sin registración ni documentación respaldatoria constituye indicios compatibles con lavado de activos y evasión tributaria. “La lesión patrimonial denunciada no se agota en el mero perjuicio individual de los inversores, sino que afecta directamente el orden económico y financiero nacional”, afirmó.

Nueve inversores denunciaron haber aportado los más de $740 millones. El abogado de uno de ellos, Ariel Lezcano, calificó la remisión al fuero federal como “un punto de inflexión” y aseguró que seguirán impulsando la causa “hasta las últimas consecuencias”.

¿Qué viene ahora?

El expediente está en manos de la Justicia Federal, que deberá decidir si acepta la competencia total o solo para algunos delitos. Si la rechaza, el conflicto lo resolverá la Corte Suprema, un proceso que puede llevar meses o años. Mientras tanto, la investigación deberá esclarecer el origen y destino de los fondos, el funcionamiento de las sociedades, los movimientos bancarios y la posible participación de otras personas.