El negocio del azúcar que escondía algo mucho más grave: la Justicia Federal apunta a un abogado tucumano

La Justicia Federal acaba de dar un paso clave en una investigación que promete revelar una trama millonaria. Un abogado tucumano, Darío Gerardo Ovejero, está en la mira por una presunta estafa que involucraba operaciones con azúcar, pero el caso escaló a un delito mucho más grave: lavado de activos.

Todo arrancó con una denuncia de nueve personas que aseguran haber sido convencidas para invertir en un supuesto negocio de compra, venta y exportación de azúcar. Las ganancias que prometía Ovejero nunca llegaron a sus bolsillos, y ahora la investigación busca seguir el rastro de más de 740 millones de pesos.

¿Cómo funcionaba el supuesto negocio?

Según los testimonios que ya forman parte del expediente, el abogado habría montado un esquema de captación de fondos con promesas de rendimientos imposibles de ignorar: ofrecía entre el 10% y el 15% mensual sobre el capital, tanto en pesos como en dólares. Para darle credibilidad, decía ser operador del mercado azucarero y hasta mencionaba los contactos de su padre en el área de control de calidad del sector.

Los inversores entregaban su dinero a cambio de pagarés, contratos de mutuo y recibos. Pero todo indicaría que se trataba de un clásico esquema Ponzi: las primeras ganancias se pagaban con el dinero de nuevos inversores, hasta que la burbuja explotó.

Cheques sin fondo y autos con papeles truchos

Cuando las víctimas empezaron a reclamar, Ovejero habría intentado cubrirse. Les entregó como garantía los formularios 08 de una Honda CRV y un Citroën C3, pero ambos vehículos tenían irregularidades registrales. La investigación también detectó que se habrían utilizado varias sociedades para emitir cheques sin fondos, con orden de no pago o directamente apócrifos.

Entre las empresas señaladas aparecen El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS, esta última donde Ovejero figura como socio y representante legal.

El salto a la Justicia Federal

La causa arrancó en la Justicia provincial, bajo la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. Pero después de seis meses de investigación, el fiscal pidió declararse incompetente: los indicios de lavado de activos, intermediación financiera ilegal y delitos tributarios eran demasiado graves. El juez Guido Cattáneo aceptó el planteo y envió todo a la órbita federal.

Ahora, la causa está en manos de la Fiscalía Federal N.º 1, y el juez federal José Manuel Díaz Vélez ya firmó una resolución clave: el levantamiento de los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil de Ovejero y de todas las empresas vinculadas.

¿Qué buscan los investigadores?

La orden del juez es amplia y abarca desde cuentas bancarias y plazos fijos hasta cajas de seguridad, transferencias y Reportes de Operaciones Sospechosas. El Banco Central deberá recabar información de todas las entidades financieras, mientras que COELSA tendrá que detallar los movimientos en bancos y billeteras virtuales.

Además, se pidió información a la Comisión Nacional de Valores y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para rastrear posibles transacciones en criptomonedas. La Unidad de Información Financiera (UIF) también fue notificada para que entregue todos los reportes sobre los investigados.

El objetivo final es reconstruir el camino del dinero: desde que entraba en las cuentas de Ovejero hasta su destino final, pasando por cada sociedad, cada movimiento y cada posible cómplice. La pregunta que todos se hacen es si habrá más involucrados detrás de esta trama que promete dar mucho que hablar.