El negociador que debía salvar a las víctimas de ransomware terminó trabajando para los ciberdelincuentes
Angelo Martino fue condenado a más de cinco años de prisión por filtrar información a BlackCat mientras negociaba rescates. Las víctimas pagaron más de 75 millones de dólares. ¿Cómo logró engañar a todos?
El negociador que debía salvar a las víctimas de ransomware terminó trabajando para los ciberdelincuentes
Un hombre que fue contratado para negociar con extorsionadores cibernéticos terminó del otro lado: Angelo Martino, de 41 años, recibió una condena de 70 meses de prisión por confabularse con el grupo BlackCat mientras representaba a víctimas de ransomware.
¿Cómo cayó el falso negociador?
Martino trabajaba para DigitalMint, una empresa que ayudaba a víctimas de secuestros de datos a negociar rescates. Pero en abril de 2023 comenzó a pasar información confidencial a los atacantes, según documentos judiciales. El FBI descubrió que BlackCat le pagaba por revelar las posiciones de negociación de las víctimas, lo que permitía aumentar los montos exigidos.
Las víctimas incluyeron cuatro empresas y una organización sin fines de lucro, que pagaron rescates de entre 213.000 y casi 27 millones de dólares. En total, los pagos superaron los 75 millones de dólares. Una de las empresas, dedicada a dispositivos médicos, desembolsó 1,2 millones de dólares.
Una traición que salió cara
“Angelo Martino traicionó a las mismas víctimas a las que había sido contratado para representar”, declaró Brett Leatherman, subdirector de la División Cibernética del FBI. La fiscalía pidió una condena de hasta 20 años, pero tras un acuerdo, la sentencia se fijó en 70 meses. Además, se confiscaron bienes por 10 millones de dólares obtenidos ilegalmente, y Martino deberá entregar el 10% de su salario tras salir de prisión para compensar a las víctimas.
¿Qué era BlackCat?
BlackCat, también conocido como ALPHV, fue un grupo dedicado al ransomware que operó hasta fines de 2023, cuando fue desarticulado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Actualmente, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de sus administradores y afiliados.
El caso de Martino expone cómo la confianza en los intermediarios puede ser explotada: el mismo hombre que debía proteger a las víctimas, las hundió aún más.
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