El Gobierno extendió la concesión de las hidroeléctricas tucumanas: ¿hasta cuándo seguirán en manos privadas?

El Gobierno nacional definió el futuro inmediato de las tres centrales hidroeléctricas de Tucumán. Ante el vencimiento de la concesión que operará el 30 de julio, la Secretaría de Energía dispuso un período de transición que extiende la operación hasta el 15 de diciembre. Hidroeléctrica Tucumán SA continuará a cargo de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, pero bajo estricta supervisión estatal.

La resolución, firmada por la cartera que conduce Luis Caputo, designó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor de los tres complejos. Su tarea será supervisar todas las actividades de la concesionaria hasta la entrega final de los activos. Además, la Nación invitó a la Provincia a designar un representante para colaborar en esas tareas de control durante la transición.

Un esquema que ya se aplicó en otras represas

La definición llega después de semanas de incertidumbre. Tanto desde el Gobierno provincial como desde la propia Secretaría de Energía no había nada formalizado por escrito sobre la continuidad del vínculo. El esquema adoptado replica el que la Nación aplicó en los últimos meses en otras concesiones hidroeléctricas del país, como las represas del Comahue (Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila), Hidroeléctrica Diamante en Mendoza, la central de Ullum en San Juan y el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. Todas fueron prorrogadas de manera transitoria mientras se avanza hacia un proceso licitatorio para la venta del paquete accionario mayoritario.

¿Qué papel juega la Provincia?

La Provincia mantiene una participación del 39% en la sociedad Hidroeléctrica Tucumán SA. Esta condición se explica por su carácter de propietaria de la represa El Cadillal y responsable del mantenimiento de infraestructura crítica de riego y agua potable. La concesión había sido otorgada en 1996 por un plazo de 30 años, en el marco del proceso de privatización iniciado en la década de 1990. En ese entonces, Nación y Provincia acordaron transferir la explotación de los tres complejos mediante la venta de la mayoría accionaria de la empresa. Según lo estipulado en el contrato y la normativa vigente, al concluir el vínculo, el dominio y la posesión de los equipos y bienes cedidos deben revertir al Estado nacional.

Las alternativas que baraja Jaldo

La negociación por el esquema definitivo seguirá en manos del gobernador Osvaldo Jaldo, con el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Daniel Abad, como interlocutor directo con la Nación. La Provincia mantiene planteadas alternativas para participar en un eventual nuevo esquema una vez que se convoque a licitación. Entre ellas, una concesión con condiciones fijadas también por el Gobierno provincial o un contrato de abastecimiento directo con la distribuidora local, en el marco de la liberación parcial del mercado energético vigente desde 2025, que permite a las distribuidoras adquirir hasta el 25% de la energía que necesitan por fuera de Cammesa.

El litigio por los $15.300 millones

Por otra parte, la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, continúa tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 la demanda para recuperar los más de $15.300 millones que la Provincia invirtió en la reparación de la presa lateral N° 3 de El Cadillal. Este litigio corre por cuerda separada del proceso de transición dispuesto ahora por la Secretaría de Energía.