El documento que encendió la marcha: el duro reclamo de las universidades al Gobierno

En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un documento contundente contra la política educativa del gobierno de Javier Milei. El reclamo principal: la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la defensa de las universidades públicas y la democracia.

¿Qué dice el documento?

El texto, firmado por las comunidades universitarias, denuncia que el financiamiento del sistema universitario nacional es crítico debido al incumplimiento de la ley que establece un piso de recursos. “La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica”, señala el documento.

Entre los datos más alarmantes, se destaca que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una reducción inédita en los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema.

Salarios universitarios en su nivel más bajo en 23 años

El documento también aborda la crisis salarial. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes”, denuncian. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación fue del 293,30%, mientras que los salarios acumularon un incremento del 147,30%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%.

Esta situación ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y entre los más bajos de América Latina. “La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”, agrega el texto.

Becas congeladas y estudiantes en riesgo

El sistema de becas también sufre un profundo deterioro. Las Becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo. Asimismo, las Becas Manuel Belgrano atraviesan incertidumbre y desfinanciamiento, y las becas para vocaciones científicas (EVC) están suspendidas.

“La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales”, advierten las organizaciones.

Gastos de funcionamiento: pérdida de 9 meses de transferencias

En cuanto a los gastos de funcionamiento, el poder adquisitivo de las partidas no superó, en ningún mes de la actual gestión, el 64% del que tenía en enero de 2023. “Se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias”, denuncian.

Ruptura del acuerdo democrático

El documento no solo critica la crisis presupuestaria, sino también la actitud del Poder Ejecutivo. “El Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que rompe el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, señala, en referencia al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades piden a la Corte Suprema de Justicia que “no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

El documento concluye con un llamado a la defensa de la universidad pública: “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. ¡La universidad pública se defiende!”