El doble frente que tiene en vilo al agro argentino: presión de Europa y un vacío legal que amenaza la producción

El campo argentino está atrapado entre dos fuegos: las exigencias ambientales de la Unión Europea y un laberinto de ordenanzas locales que ponen en riesgo hasta el 40% de la superficie productiva. Mientras los países del Cono Sur se unen para frenar las trabas externas, en el Congreso buscan terminar con la incertidumbre que generan las restricciones municipales sin base científica.

El frente externo: la ofensiva del Cono Sur contra Bruselas

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) volvió a reunirse tras 13 años y lanzó un mensaje contundente a la Unión Europea. Los ministros de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron una carta donde denuncian que las normas europeas sobre Límites Máximos de Residuos y deforestación son "restricciones encubiertas" que carecen de sustento científico.

El presidente pro tempore del CAS, Óscar Mario Justiniano, fue el encargado de enviar la misiva a Bruselas. "Las medidas europeas lesionan la previsibilidad del comercio internacional de alimentos", advirtió el funcionario boliviano.

El bloque regional coincidió en que cualquier regulación debe basarse en evidencia científica y reglas multilaterales, sin inventar barreras paraarancelarias. Además, celebraron el rechazo del Parlamento Europeo a catalogar la soja como materia prima de alto riesgo de deforestación indirecta, una medida que hubiera excluido al biodiésel sudamericano del mercado europeo.

El sector privado, representado por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), respaldó la postura oficial y alertó que Bruselas "desconoce arbitrariamente" los sistemas de control y trazabilidad que ya operan en la región.

El Niño, un arma de doble filo para la campaña agrícola

Durante la cumbre, los ministros también analizaron un informe climático del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (PROCISUR). El estudio advierte que la reactivación de "El Niño" traerá más agua para los cultivos, pero también aumentará el riesgo de tormentas severas e inundaciones localizadas.

El frente interno: el caos de los fitosanitarios y la búsqueda de una ley nacional

Mientras las negociaciones externas avanzan en los escritorios internacionales, en la Argentina el conflicto se dirime en cada municipio. Ante la falta de una ley nacional, los intendentes dictan ordenanzas que, en muchos casos, prohíben la aplicación de fitosanitarios sin ningún criterio técnico. El resultado: un laberinto judicial que amenaza con paralizar la producción de carne, leche, papa, maíz y trigo.

Para destrabar esta situación, la Fundación Barbechando convocó a legisladores y especialistas en el Congreso. El objetivo es impulsar un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos basado en las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

Desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) propusieron: delimitar zonas sensibles con distancias técnicas verificables, exigir capacitación obligatoria para aplicadores, y reforzar la fiscalización con "cajas negras" y monitoreo remoto.

Los técnicos fueron tajantes: "Ningún país del mundo tiene distancias de exclusión tan severas y arbitrarias como la Argentina". Según sus cálculos, las restricciones actuales afectan hasta el 40% de la superficie productiva de cultivos clave.

Legisladores: "La justicia termina legislando"

En la mesa de trabajo, coordinada por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), diputados y senadores coincidieron en que el vacío legal actual empuja a que "la justicia termine legislando" mediante cautelares extremas. "No es solo un problema entre el productor y el vecino: es un problema social que golpea la economía, la seguridad alimentaria y la salud pública", señalaron.

Del encuentro participaron los legisladores nacionales Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Alejandra Torres (Prov. Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires). También asistieron asesores de Romina Almeida, Karina Banfi, Verónica Razzini, Beltrán Benedit y Emilia Orozco.

El desafío para toda la cadena agroindustrial es claro: tanto en las negociaciones con la Unión Europea como en la sanción de normativas internas, la ciencia y las buenas prácticas deben ser los únicos árbitros legítimos de la producción.