Duras críticas de la oposición a la reforma de la Ley de Tierras: ¿qué buscan frenar?

A horas del debate en el Senado, peronismo y Coalición Cívica salieron al cruce del proyecto oficial que elimina los límites a compradores extranjeros de tierras. Ambos espacios difundieron documentos contundentes contra la iniciativa.

El Partido Justicialista emitió un comunicado defendiendo la Ley de Tierras vigente y cuestionó la propuesta del Gobierno. Según el texto, la norma se basa en la Doctrina Social de la Iglesia y considera la tierra como un “bien natural estratégico, escaso y no renovable” que merece protección frente al mercado.

El PJ recordó que las restricciones a extranjeros tienen larga data en Argentina, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la ley de 2011. Aclararon que esas normas nunca negaron la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarla con el interés nacional.

¿Qué dice la Coalición Cívica?

La Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, presentó un documento de 13 páginas donde advierte sobre los riesgos para la soberanía y el control territorial. “La tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación”, sostienen.

Para la Coalición, la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y critica que operaciones queden sujetas a autorizaciones del Ejecutivo y provincias. Exigen un “equilibrio razonable entre inversiones y preservación” de recursos estratégicos.

Los puntos clave del proyecto de Milei

La iniciativa elimina el tope del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También suprime el límite de 1.000 hectáreas por persona extranjera (variable según región) y la restricción para campos con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno argumenta que estas restricciones desalientan inversiones y frenan proyectos productivos. Sin embargo, el proyecto ya tuvo un antecedente: el DNU 70/2023 que intentó derogar la ley fue suspendido por la justicia a raíz de un recurso del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Corte Suprema aún debe resolver.